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Opinan los lectores

Por Redacción

Derechos y libertades

Karina Zerillo Cazzaro opina: “Es más cómodo, es más apto para los tiempos que corren aquel viejo ‘no te metas’ que nos trae más de un recuerdo poco grato. Pero sucede que ese ‘no te metas’ es un tácito permiso para dejar que los demás lo hagan en donde no deben. Los derechos y las “libertades son los más frágiles recursos con los que cuenta una sociedad para “cuidar” a su gente y por ello son los primeros en ser atentados para debilitarla y volverla presa fácil de quienes precisan unificar voluntades a su mando y conveniencia. Es por eso que la libertad de pensar, expresar, informarse, comunicarse, y acceder a alguna verdad deben ser defendidas por todos. Para que las escenas de Cuba, Venezuela, China no se repliquen por casa, para recuperar el respeto que merece cada argentino y poder forjar, aunque nos lleve mucho tiempo, un país democrático, tolerante y algo más justo.

Costos de servicios

Miguel Ángel Reguera manifiesta: “No entiendo la función del ENACOM (Ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones de la Nación), pues sus resoluciones carecen de fuerza imperativa y las empresas de telecomunicaciones, internet y televisión por cable actúan “a piacere” si hablamos de costos para los usuarios. Los aumentos este año han superado los autorizados por el ente . Sin embargo, ¿cuál ha sido la sanción?. Por ejemplo, ya no envían las facturas de papel, por más que la ley los obliga a hacerlo si el cliente opta por ese medio. ¿Por qué no cumplen sus obligaciones?.  Finalmente el mismo argumento moral que el Gobierno nacional usa para reclamar ante los laboratorios, que es el de no aprovecharse de la situación pandémica, puede aplicarse a estas empresas que tienen en sus manos la información, el entretenimiento, la comunicación, la educación y el trabajo a distancia, convirtiendo sus prestaciones en esenciales y sus precios comparables a los del Primer Mundo. Como usuario, insto al ENACOM a cumplir sus funciones de contralor, o en todo caso que el Gobierno lo disuelva y facilite las acciones judiciales colectivas”.

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